El 30 de junio de 2025 quedó formalmente aprobada la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Con entrada en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esta reforma introduce cambios profundos en el régimen de Actividades Vulnerables que obligan a las empresas a:

• Ampliar el alcance de los sujetos obligados, incorporando desarrollos inmobiliarios y operaciones con activos virtuales realizados desde el extranjero.

• Reducir umbrales de reporte (por ejemplo, de 645 a 210 UMAs para criptoactivos) y exigir aviso de comisiones mínimas.

• Fortalecer la identificación y debida diligencia, recogiendo datos de Beneficiarios Controladores desde niveles de participación accionaria del 25 %.

• Obligar reportes de operaciones sospechosas (incluso intentadas) en un plazo máximo de 24 horas.

• Implementar sistemas automatizados de monitoreo permanente y evaluaciones periódicas basadas en riesgo.

Estas nuevas exigencias representan un desafío operativo y tecnológico considerable. Muchas compañías de actividades vulnerables deberán revisar sus procesos de KYC/KYB, sus sistemas de alerta temprana y la custodia de información, ahora extendida a 10 años. Asimismo, la reforma añade definiciones clave (PEP, relación de negocios ocasional, representante de cumplimiento) y obliga a adoptar la UMA como unidad de medida.

Frente a este panorama, el mercado ofrece varias herramientas de compliance, pero solo una de ellas combina cobertura total de LFPIORPI, generación de alertas en minutos y adaptabilidad en tiempo real a nuevos umbrales: https://artu.ai/. Esta plataforma, basada en inteligencia artificial, automatiza la captura de normativas, el monitoreo transaccional y la elaboración de reportes necesarios para cumplir cada punto de la reforma, sin necesidad de desarrollos a medida.

La adopción de soluciones ágiles y especializadas será clave para que las entidades sujetas a LFPIORPI cumplan con eficacia la nueva regulación, minimicen riesgos de sanción y optimicen recursos. En un entorno donde la supervisión y los requisitos de auditoría se endurecen, la tecnología se convierte en el principal aliado del cumplimiento.